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Boletín # 35
  junio 2014

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Democracia, extractivismos y recursos naturales en el Cono Sur y Brasil
Por Claudia Korol1

Las políticas extractivistas se están imponiendo en toda América Latina como modalidad de acumulación actual del capitalismo patriarcal, que va recolonizando territorios a través de la expansión de los megaproyectos de las corporaciones, con el apoyo de los Estados, lo que también ocurre en la región del Cono Sur y Brasil. Por ello, mismo si existen particularidades tanto políticas como económicas y sociales en cada uno de los procesos nacionales analizados en el capítulo regional Cono Sur y Brasil del Informe sobre Democracia y Desarrollo de ALOP, es posible extraer algunas conclusiones generales a partir de sus contenidos respectivos.2

Está claro que este tipo de proyectos, lejos de contribuir -como lo proclaman- al desarrollo y a la democracia de nuestras sociedades, son obstáculos para que los países puedan encontrar su propio camino de crecimiento y de protagonismo popular, de acuerdo con sus necesidades. La imposición de los intereses de las corporaciones provoca fuertes distorsiones tanto en la economía como en la política, e impactos irreversibles sobre la naturaleza y las poblaciones. Estos impactos hablan de la pervivencia de una política colonial que sigue considerando a la población local como un recurso a sacrificar, en función de asegurar las enormes ganancias de las corporaciones.

Los gobiernos –conservadores y progresistas- aún con diferencias, coinciden sin embargo en facilitar a través de las instituciones del Estado el establecimiento y la actuación de las corporaciones.

Llama la atención el movimiento contradictorio realizado por gobiernos considerados “progresistas”, como los de Brasil, Uruguay y Argentina, que de un lado buscan crear o fortalecer instituciones nacionales o regionales que les concedan cierta autonomía en sus proyectos políticos frente a las presiones de los países centrales, pero al mismo tiempo profundizan la implementación de modelos extractivistas exportadores, forjados en décadas pasadas, de los cuales los Estados que éstos dirigen, actúan como garantes.

En estos casos, la argumentación para avanzar en estas políticas, se sustenta en las necesidades de superar el atraso producido en las décadas neoliberales, o en la necesidad de la diversificación económica. Sin embargo es preocupante que esto se haga des-responsabilizándose de sus consecuencias, que vuelven más vulnerables a franjas completas de la población más pobre y desprotegida, a quienes se busca contener a partir de políticas asistenciales.

El hecho de que estos sectores no sean significativos a la hora de las elecciones es un argumento que puede explicar algunas decisiones, pero que comprometen el carácter progresista de los gobiernos, e incluso los coloca en posiciones funcionales a un nuevo colonialismo.

Es necesario subrayar que desde los gobiernos progresistas, se ha venido sosteniendo que éstas son las únicas políticas que permiten sostener los proyectos sociales, que han favorecido a grupos pauperizados en las décadas de neoliberalismo, ya que están beneficiándose económicamente con la coyuntura internacional, que requiere de productos primarios.

Frente a estos proyectos, las poblaciones agredidas se han venido organizando. Si bien la confrontación es muy desigual, es importante valorar los logros obtenidos por las organizaciones sociales. El análisis de estos impactos, sus aspectos comunes y las resistencias generadas a los mismos, son motivo central del Informe Democracia y Desarrollo de ALOP.

Muchas veces, los movimientos socioambientales tuvieron que comenzar a organizarse desde la nada, estudiando los proyectos –escritos de manera técnica y en un lenguaje inaccesible al ciudadano común-, intentando comprenderlos, en un esfuerzo por entender lo que estaba escrito entre líneas, o interpretando lo que no estaba dicho en las presentaciones de las corporaciones, o en la propaganda que sobre los mismos realizan los Estados.

Hubo que partir muy desde el inicio, para sensibilizar a las poblaciones donde los mismos se establecían, para que se comprendieran sus posibles impactos antes que los proyectos se instalaran, o cuando éstos ya están, se identificaran los mismos. Para que se reconociera que hechos que parecían aislados, como situaciones de salud, o muerte de animales, o cambios del clima, o problemas psicológicos, eran resultado del impacto de los proyectos sobre toda la población, y se pudiera pasar así de la vivencia individual del drama, a la organización colectiva para enfrentarlo.

Al principio, estas demandas sólo eran sostenidas por los movimientos de afectados y afectadas, pero en casi todos los países, se revela una trama de alianzas que se pudieron construir, con otras organizaciones populares, incidiendo incluso en franjas del Estado, para poner freno a esos proyectos.

Estos procesos de estudio de los proyectos, y de organización de la población, tuvieron que desafiar también una campaña mediática intensa con la que se intentaba legitimar los proyectos, comunicar sus beneficios, y/o con promesas que actuaban sobre las necesidades más urgentes de la población, como es la de un trabajo. E incluso con chantajes que se realizan sobre la población que depende de un puesto estatal o de un plan social, para evitar que participen en acciones de resistencia.

El colonialismo de los saberes fue reforzado desde los medios de comunicación y también desde las Universidades y el sistema educativo en general, donde el modelo extractivista busca crear consenso y licencia social para los megaproyectos. Desde ahí se estimuló la idea del beneficio que traerían a nuestros países las inversiones extranjeras, se estigmatizó a los pueblos que los enfrentan, tratándolos de atrasados, o judicializándolos como criminales por sus protestas.

Es parte también de la herencia colonial el desprecio por el impacto que estos proyectos tienen en poblaciones indígenas, quilombolas y campesinas, que podrían llegar hasta su misma desaparición como culturas. También la falta de reconocimiento, por parte de las empresas, y de los Estados y gobiernos, de los derechos indígenas.

Las lógicas patriarcales han logrado subestimar el hecho de que la mayoría de estos proyectos agravan la situación de las mujeres pobres, que quedan recargadas por múltiples niveles de trabajo “invisible”, duplicando y triplicando las jornadas de trabajo. Como contraparte, las mujeres son actoras fundamentales de las resistencias a estos proyectos, y en algunos casos están al frente de los procesos de lucha.

Los procesos organizativos, por lo general, abarcan a poblaciones que no estaban previamente organizadas para demandas de este tipo, y en las que convivían muchos sujetos con distintas experiencias previas, formaciones, y origen social. Fue un gran esfuerzo avanzar en la articulación de colectivos diversos, con intereses históricamente diferentes, en movimientos y redes con objetivos comunes. Esto demandó de una pedagogía de diálogo, de muchas reuniones, asambleas, y debates.

En algunos casos, hubo que vencer la inercia de las organizaciones que estaban acostumbradas a luchar por otro tipo de objetivos. Como se señala en el informe de Argentina, varias organizaciones tuvieron que disponerse a luchar para conservar lo que tenían (territorios, modos de vida), en lugar de luchar para transformarlos como era lo habitual.3

A pesar de estas dificultades, en estos años en todos los países de la región se han desplegado importantes resistencias de las organizaciones afectadas por el modelo, que han tenido distintos niveles de incidencia al denunciar los impactos negativos de estos proyectos sobre la población y sobre la naturaleza, visibilizar las malas prácticas de las empresas en la elaboración de los informes sobre impacto ambiental, en el no cumplimiento con las medidas exigidas por el Estado, el tráfico de influencias entre empresas privadas y miembros de instituciones y organismos del Estado. Se avanzó en la organización de los y las ciudadanas para que ocuparan el espacio público, demandando del Estado la protección y reivindicación de sus derechos medioambientales. Junto con ello, se articularon y llevaron adelante demandas a las instituciones del Estado para que cumplan con la protección de los derechos medioambientales y en algunos casos se logró frenar los proyectos, o dejarlos cuestionados.

Frente a la explosión de conflictos territoriales y socioambientales, que enfrentan a gobiernos y corporaciones con comunidades y asociaciones de vecinos, la respuesta de los gobiernos ha sido en gran medida la judicialización y criminalización de los conflictos, aunque también ha habido conquistas de los movimientos sociales en diferente planos. Tanto los sectores campesinos, como indígenas, quilombolas en Brasil, y comunidades ribereñas de pescadores, han sufrido de manera especial la criminalización, la represión, teniendo muertos, heridos, y muchos judicializados. Por eso al repertorio de demandas se agrega la lucha por la libertad de sus presos y presas, contra la criminalización de la protesta, como elementos fundamentales en la lucha por la democracia.

En muchos casos estas comunidades no están articuladas con otras que tienen intereses semejantes, porque ha sido fuerte la acción realizada por las corporaciones y por el Estado, tendiente a fragmentar a unas y a otras. Construir redes, procesos de unidad, legitimar las acciones de protesta, y presentar alternativas visibles y creíbles, pasan a ser elementos esenciales para que las demandas puedan encontrar eco social.

Es interesante constatar que no sólo hay denuncias. También se han ido creando propuestas alternativas, que apuntan a defender la soberanía popular, a través de la soberanía territorial, alimentaria, energética. También está planteada, sobre todo desde organizaciones de mujeres como CONAMURI, la defensa de la soberanía de los cuerpos, en particular de los cuerpos de las mujeres, contra las violencias patriarcales que se incrementan en el contexto de estos proyectos. Hay esfuerzos de creación de economías solidarias, desde la agroecología, hasta proyectos de energías no contaminantes. Sin embargo, las dimensiones de estos proyectos todavía no permiten que sean visualizados por las sociedades, e impuestos como parte de un programa de desarrollo y de creación de democracias, que tenga que ver efectivamente con las necesidades populares.

Al mismo tiempo, podemos constatar que es complejo avanzar con propuestas particulares, que no cuestionen al sistema en su conjunto, y no creen la fuerza necesaria para transformarlo en su totalidad. En ese sentido, la experiencia de Paraguay resulta aleccionadora. La convivencia durante el gobierno de Fernando Lugo con las políticas extractivistas, logró que las corporaciones avancen hasta el punto en el que decidieron ir más allá de lo conquistado, y tomarse el gobierno a partir de un golpe de estado institucional. Una vez adueñadas del aparato del Estado, las primeras medidas fueron el recorte de los derechos ganados por los sectores populares durante el gobierno de Lugo en el plano social: “después de la caída de Lugo se liberó todo lo referente a protección en relación a agroquímicos, la barrera verde de protección; prácticamente se retrocedió de vuelta y de nuevo se rocía a las comunidades campesinas”. El gobierno heredero del golpe avanzó en dinámicas extractivistas como proyectos de extracción de oro, hidrocarburos, minerales como titanio, uranio, litio, sin consulta a las comunidades indígenas y campesinas que habitan las regiones donde se encuentran estos bienes comunes. La idea de que es posible ponerles frenos parciales y controlarlas, en este caso muestra sus límites.4

Desarrollo y democracia son dos términos que han sido utilizados para legitimar las políticas extractivistas. Pero en realidad puede pensarse que para que aquellas se hagan reales en nuestras sociedades, será necesario terminar con éstas y pensar en nuevas maneras para organizar la vida económica, política y social de nuestros países, así como sus procesos de unidad e integración regional y continental.

1 Caudia Korol, argentina, educadora popular, periodista e intensa activista en favor de los derechos humanos y de los pueblos, fue la encargada de analizar las investigaciones nacionales respectivas y escribir el capítulo regional Cono Sur y Brasil del Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina 2012-2013 de ALOP. El texto para el presente boletín fue preparado por Daniela Jaschek, Directora de la Región Cono Sur y Brasil de ALOP, a partir del estudio original de Claudia Korol.

2 Este capítulo regional incorpora estudios de casos realizados por las asociadas de ALOP en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Ver: Capítulo Regional Cono Sur-Brasil

3 Ver Capítulo Argentina, Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina 2012-2013, ALOP.

4 Ver Capítulo Paraguay, Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina 2012-2013, ALOP. :: IMPRIMIR


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