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Boletín # 35
  junio 2014

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Las movilizaciones sociales ante las industrias extractivas en la región andina: Lecciones del Informe sobre Democracia y Desarrollo de ALOP
Aída Sofía Rivera, Juliana Peña Niño, Mario Freddy Martínez1-CEPES, Perú

En la región andina2 se observa una marcada tendencia al extractivismo clásico y neoextractivismo (Gudynas, 2012) sobre la base de una cultura rentista que permite la producción y reproducción social de esta visión en ideas y prácticas de relacionamiento cotidianas (Escobar, 2010a; 2010b)3. En esa línea, se han generado tensiones con la garantía a los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población; con el ejercicio de la democracia y con un modelo que efectivamente conduzca al desarrollo. Esta situación ha desencadenado conflictos de variada índole y han provocado diversos repertorios de actuación por parte de la sociedad civil. Una de las expresiones más comunes es la movilización social que se ha usado para reivindicar la participación ciudadana y la incidencia en la discusión sobre la explotación de los recursos naturales.

El contexto regional se caracteriza por la promoción estatal de las industrias extractivas como impulsoras del crecimiento económico y que se asumen como sostenibles en el tiempo. Los diversos gobiernos justifican este modelo en función de la contribución de estas industrias a la renta independientemente de la ideología política predominante en cada país4. Razones de “utilidad pública”, “interés social”, y “bien común” soportan la propiedad estatal del subsuelo, así como la expropiación, el despojo, el desplazamiento y el reasentamiento forzado. Esta construcción discursiva ha implicado el desconocimiento de las Constituciones y otras leyes internacionales y nacionales vigentes, y ha desbordado las capacidades institucionales para controlar y regular el sector. También se ha desconocido la autonomía de los gobiernos sub-nacionales, de los pueblos indígenas y tribales en el ordenamiento territorial y de su desarrollo propio.

Con una coyuntura del alza de los precios internacionales y alta demanda de materias primas, en los últimos quince años, América Latina logró dar avances importantes en materia económica y social a pesar de la crisis financiera mundial. En la mayoría de los países se registró un crecimiento económico sostenido, control de la inflación, disminución del desempleo, aumento del salario real y del gasto social y reducción de la pobreza con la implementación de programas de transferencias monetarias condicionadas. Una deuda pendiente de la región continúa siendo la disminución de la desigualdad. Sin embargo, estos indicadores encubren tensiones a nivel local que permiten cuestionar el mismo significado de este aparente progreso. Detrás de estas cifras se esconden serias tensiones que se han desencadenado alrededor del modelo económico predominante –que no es intensivo en empleo y no genera encadenamientos productivos con las economías locales-, con la detonación de conflictos con la población y sus territorios, la afectación al medio ambiente y a la salud pública y los recurrentes quebrantos en el ejercicio de los principios democráticos característicos de estos países.

Las relaciones del Estado y la sociedad se han deteriorado en primera instancia con las comunidades negras e indígenas por las violaciones a sus derechos, pero se ha extendido a poblaciones campesinas y demás grupos de la sociedad debido al incumplimiento de pactos firmados con los gobiernos y las empresas. Los conflictos también se han desatado por los impactos ambientales y de salud de los proyectos extractivistas en los territorios, en los cuales se enfrentan colectivos organizados con las empresas y el gobierno. Los actores vinculados a estos conflictos tienen elementos de poder muy desiguales: las empresas son muy poderosas, con grandes recursos económicos y capacidad de cooptación a los gobiernos; los Estados son aún muy débiles y sus instituciones tienen escasas herramientas técnicas y políticas; y las comunidades tienen pocos recursos (económicos, técnicos) para defender sus intereses, además que no existen o están vigentes los canales de participación.

La movilización social ha sido disminuida por los gobiernos al disponer de la fuerza pública para “tomar el control”. Estas medidas son violaciones claras a principios constitucionales y convenios internacionales que reconocen a la movilización y a la protesta como un derecho legítimo de las poblaciones a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, garantías de una verdadera democracia. Si bien se han creado organizaciones y alianzas para la defensa de los derechos vulnerados no han logrado consolidarse y han experimentado crisis y conflictos internos entre sus miembros reflejando un tejido social débil en los países que es fácilmente desintegrado por las acciones de los gobiernos y las empresas.

Las movilizaciones sociales

Ante esta situación, la pregunta surge alrededor de ¿cuáles han sido las estrategias y acciones de las organizaciones y los movimientos sociales de estos países? Se advierte, a partir de los estudios, cuatro tipos de repertorios de actuación5: las alianzas sociales, los escenarios de diálogo, las movilizaciones y protestas y los instrumentos legales en instancias de decisión. Como resultado de estas acciones se observaron dos escenarios. El primero de tipo organizacional que se refleja en el imaginario social de las comunidades que han comprendido, paulatinamente, la importancia de convertirse en agentes incidentes en su territorio, y en especial en la discusión del proyecto extractivo liderado por los gobiernos de turno. El segundo, como consecuencia de la movilización social, se refleja en diversos impactos en el territorio que tienen que ver con la suspensión de proyectos mineros y planes de expansión, la renegociación de contratos marco entre empresas y la población local, la anulación de proyectos de desviación de fuentes de agua, el reasentamiento de poblaciones y la obligación de los gobiernos nacionales de establecer medidas inmediatas de mitigación ambiental. Estas acciones, demuestran que es posible generar marcos de acción frente al sector extractivo desde el nivel local, articulando fortalezas y conocimientos de la sociedad y los gobiernos locales.

Los casos presentados en los cuatro países esbozan cómo las comunidades actúan en respuesta a violaciones de sus derechos. Éstos pueden tomarse como un punto de partida importante para reforzar este planteamiento como el eje fundamental de sus repertorios; esto es, por un lado, realizar una mayor difusión, y por otro, visibilizar con mayor ímpetu el enfoque de derechos humanos en el modelo extractivo para empoderar a las organizaciones y la sociedad civil en su forma de actuar ante los gobiernos y las empresas.

Al abordar las problemáticas y complejidades desencadenadas por el desarrollo del extractivismo desde esta perspectiva, se pone sobre la mesa las obligaciones que tienen los Estados en respetar, proteger y realizar los derechos humanos; por lo tanto, los ciudadanos se mueven en el escenario legítimo de exigir y los gobiernos tienen la obligación legal de cumplir. De esta forma se avanza en un cambio de visión en donde las comunidades dejan de ser objeto de políticas o acciones caritativas de los gobiernos y las empresas, a sujetos que exigen la garantía y goce pleno de sus derechos.

A pesar de que la actividad extractiva es de carácter patriarcal, se destaca el posicionamiento y liderazgo de la mujer dentro de los repertorios de actuación. No sólo han logrado ampliar su papel dentro de la actividad extractiva, sino que además las mujeres campesinas han adquirido mayor visibilidad e importancia pues han tenido que asumir en mayor proporción los impactos de la extensión del extractivismo en los territorios. Los proyectos de las empresas prometedores de numerosas fuentes de trabajo y con mejor remuneración han provocado el desplazamiento de mano de obra masculina de la agricultura campesina al sector extractivo o agroindustrial. Con estas circunstancias, las mujeres han asumido un rol más, el del hombre que trabajaba la tierra, situación que las ha llevado a involucrarse y asumir posiciones críticas a las dinámicas que se generan alrededor de las empresas. En este sentido, la disyuntiva se genera entre la intensificación de la actividad extractiva versus la pérdida de posibilidades de desarrollo de la agricultura. Cuestiones como la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria6 pueden articularse a lo ya recorrido por las mujeres para plantear la discusión en los escenarios tripartitos donde estén presentes los gobiernos, las empresas y las poblaciones.

Una apuesta adicional gira en torno a visibilizar la problemática del extractivismo como un tema de la región, que trasciende las fronteras nacionales. Es importante ubicarlo en una discusión más amplia, ya que las repercusiones del marco normativo de cada país sobre los territorios y el medio ambiente pueden ser, en el corto plazo, de preocupación nacional. No obstante, estas actividades contribuyen a intensificar el cambio climático que no discrimina países ricos o pobres, por lo que sus consecuencias –y demás actividades del ser humano- terminarán siendo en el futuro una preocupación mundial para la búsqueda de la supervivencia de la humanidad.

Retos para la ciudadanía

Como se ha expuesto anteriormente en los países andinos los ciudadanos han manifestado inconformidad por las decisiones que los Estados han tomado para favorecer el avance del sector extractivo, en particular a las grandes empresas trasnacionales, pasando por encima de los principios constitucionales y de la obligación de los Estados de buscar el bienestar de las poblaciones. Estas decisiones, en la mayoría de los casos, no han sido consultadas con la ciudadanía ni han representado los intereses colectivos.

Es necesario revertir esta tendencia para contrarrestarla. Es claro que existe un potencial de actuación e incidencia de las organizaciones sociales. Varios son los campos y escenarios en los cuáles se puede lograr una mayor participación e incidencia. Al respecto, presentamos un conjunto de propuestas e iniciativas que tienen como eje de trabajo la reflexión colectiva y participativa sobre el modelo de desarrollo deseado y el papel del sector extractivo, en particular, la necesidad de abordar el tratamiento de las relaciones entre el modelo de desarrollo, democracia y el extractivismo como modelo de reproducción económica que impera en la región y que propicia la emergencia de nuevas fuerzas, conflictos y expresiones sociales.

En primer lugar, es fundamental construir un lenguaje común frente al extractivismo. Es importante darle un viraje al discurso normalizado de la actividad, pues está centrado en una visión economicista de corto plazo. Se propone aproximarse a la problemática general desde el enfoque de derechos humanos y extender el análisis a todas las poblaciones –población desplazada, infantil, con discapacidad- y visibilizar cómo esta actividad vulnera constantemente su existencia y medios de vida. También transversalizar la dimensión de género, como prioridad estratégica y campo de acción concreto. Esto supone, el análisis de la relación entre el extractivismo y su impacto sobre las mujeres, y las políticas institucionales para hacer del tema una responsabilidad de todos y todas.

Segundo, trabajar por el reconocimiento de la consulta previa como un derecho fundamental de las comunidades étnicas y la inclusión de la población campesina en este mecanismo. Plantear el derecho al veto o consentimiento de carácter vinculante como mecanismo de reivindicación de la autonomía y la libre determinación de estos pueblos. Además del Convenio 169 de la OIT, se debe dar visibilidad a derechos constitucionales y legales de participación que prevalecen sobre el ordenamiento minero-ambiental y agroindustrial.7

En tercer lugar, involucrar a otros actores de la sociedad civil en el debate propuesto, para dar una argumentación informada, razonada y construir una voz en el escenario público regional que defienda y promueva las posiciones concertadas. Cuarto, elevar las capacidades de la ciudadanía y aumentar su conocimiento sobre los diferentes componentes relacionados con el extractivismo, para cualificar su participación en las decisiones que se tomen alrededor del tema y la planeación en sus territorios.

Quinto, la articulación a nivel internacional con otras redes para ampliar el horizonte de la discusión e incidencia a un escenario más global que busque concientizar a la comunidad internacional sobre la corresponsabilidad de los impactos generados. Y finalmente, demandar a los Estados el cumplimiento de su obligación en cuanto a brindar información sobre el sector de forma permanente y actualizada.

Referencias

Acción Campesina: Hegemonía Estatal y Democracia, 2013.

Bustamante Peña, Gabriel: El derecho a la consulta previa: Avances y retos en América Latina, Cuadernos de Debate N° 1, RLIE-ALOP, Lima-Perú, Noviembre 2012.

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP): Extractivismo en Colombia asociado con Minería y Explotación de Hidrocarburos, 2013.

Escobar, Arturo: Territorios de diferencia. Lugar, movimientos, vida, redes, Popayán Envión Editores, 2010a.

Escobar, Arturo: Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010b.

Gudynas, Eduardo: “Estado compensador y nuevos extractivismos: Las ambivalencias del progresismo sudamericano”, Revista Nueva Sociedad No 237, enero-febrero de 2012.

Salgado Moreno, Jorge Manuel: Extractivismos en pugna: Visiones y derechos en el norte amazónico de Bolivia, 2014.

Unzaga, César: Informe sobre Democracia y Desarrollo 2012-2013, Perú, 2013.

1 Aída Sofía Rivera Sotelo es economista de la Universidad Nacional de Colombia y M.A. en Estudios Culturales de Queen´s University, Canadá. Juliana Peña Niño es economista de la Universidad Industrial de Santander, Especialista en Economía Social de la Universidad de los Andes y MSc en Política Social y Desarrollo del London School of Economics and Political Science. Mario Freddy Martínez es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y Sociólogo de la Universidad Santo Tomás. Especialista en Administración y Gestión Pública del Lomonosov Moscow State University.

2 El presente artículo recoge los principales hallazgos de los informes nacionales (2012-2013) sobre democracia y desarrollo que las asociadas de ALOP de Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela elaboraron en la perspectiva de analizar las diversas demandas, acciones y propuestas de las organizaciones y movimientos sociales en relación con las políticas económicas relativas a los recursos naturales en cada uno de esos países. En estos estudios Interesaba identificar los conflictos existentes y sus mediaciones, las estrategias y puntos de convergencia, y la incidencia en materia de política pública.

3 En los informes de Colombia y Perú, las industrias extractivas se restringen a hidrocarburos y minería, mientras en el informe de Venezuela, las industrias se extienden a proyectos agroforestales, y en Bolivia a la diversidad de intervenciones en el norte de la Amazonía que involucran también el desarrollo de carreteras e hidroeléctricas.

4 Mientras que en Colombia y en Perú, comandados por gobiernos de corte más de derecha, el Estado ha cedido su participación en la explotación directa de recursos naturales no renovables al sector privado; en Venezuela y Bolivia, dirigidos por gobiernos de izquierda-progresistas, el Estado interventor ha participado directamente en la explotación.

5 Se entiende por repertorios de actuación, el conjunto de rutinas aprendidas, compartidas e implementadas por actores sociales en el nivel local, regional y nacional a través de un proceso de elección relativamente deliberado, cuyo propósito es hacer frente al extractivismo como modelo de desarrollo.

6 Concepto desarrollado por La Vía Campesina, un movimiento internacional campesino que resalta el rol de la mujer en la producción, recolección, comercialización y reproducción de culturas alimentarias.

7 Al respecto ver Gabriel Bustamante Peña: El derecho a la consulta previa: Avances y retos en América Latina, Cuadernos de Debate N° 1, RLIE-ALOP, Lima-Perú, Noviembre 2012.

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