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Boletín # 35
  junio 2014

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Tendencias y principales hallazgos del Informe Democracia y Desarrollo en la región CAMEXCA
Laura Becerra Pozos – Directora Regional CAMEXCA de ALOP

El análisis socioeconómico sobre Centroamérica y México, como para la mayor parte de los países de América Latina, no se puede abordar sin hacer referencia a los cambios provocados por los procesos de integración regional, entre ellos, los planes geoestratégicos, tratados de libre comercio y sus consecuentes reformas legislativas, programas y proyectos de corte neoliberal, para hacer un frente común contra la crisis económica global. Esas políticas privatizadoras operadas desde mediados de los años ochenta, han hecho perder al Estado su capacidad de regular los principales ejes de la política económica y social contribuyendo de manera significativa a que las bases legales se flexibilicen para facilitar o fomentar la circulación del capital y mercancías, promoviéndose en particular cambios que profundizan la privatización y sobreexplotación del suelo, el agua y la energía.

Esas tendencias en la economía vienen acompañadas de la intensificación de conflictos sociales que en última instancia suponen problemas de gobernabilidad. El Estado sigue siendo el actor central, principal referente de las demandas sociales, y centralizador del malestar colectivo. De otro lado, la sociedad experimenta una progresiva fragmentación de los actores colectivos y de sus identidades, que se refleja en la multiplicación de demandas fuera de los marcos clásicos e institucionalizados de los conflictos, teniendo como contraparte Estados débiles para gestionar los conflictos y resolverlos con un sentido de cohesión social y expansión democrática.

Las diferentes movilizaciones que se multiplican hoy en América Latina, al compás de la explosión de los conflictos socio-ambientales, van configurando progresivamente movimientos sociales, que poseen una dinámica organizacional y confrontacional propia, con capacidad para sostener sus demandas en el tiempo, más allá de una innegable vulnerabilidad vinculada, entre otras, a una situación de gran asimetría social. En este sentido, uno de los hechos más notorios del período ha sido el surgimiento y expansión de movimientos en contra de la minería a gran escala y a cielo abierto.

En realidad, dichos movimientos se nutren de otros preexistentes, al tiempo que comparten aquellos rasgos y dimensiones que hoy atraviesan a la mayor parte de los movimientos sociales latinoamericanos, entre ellos, la territorialidad, la combinación de la acción directa con la acción institucional, la democracia asamblearia y una tendencia a la autonomía. Sin embargo, las actuales movilizaciones indígenas y los movimientos socioambientales urbanos dan cuenta de manera paradigmática de la multiescalaridad del conflicto.

La base principal del modelo económico prevaleciente es la acumulación del capital, que se apropia de los recursos naturales, manipula, modifica y explota el ecosistema en la medida que le produce más ganancias. Se caracteriza por la explotación irracional, desmedida y rápida de los recursos naturales y humanos; por consiguiente, es un sistema que opera con visión de corto plazo, sin preocuparse del futuro y sin el compromiso de conservar el hábitat de los seres humanos y los seres vivos en general. El modelo del que se habla opera a partir de la superproducción, explotación, competencia y el consumismo.

Las tendencias constatadas por el Informe sobre Democracia y Desarrollo en la región CAMEXCA1

Ejemplo de ello, son los casos que se exponen en el Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina 2012-2013, donde la similitud entre los diversos países que integran la región CAMEXCA (Centro América, México y Caribe), recae en la explotación de los recursos naturales por parte de empresas transnacionales, como los casos de Nicaragua y El Salvador, que enfrentan un problema similar, ambos con recursos importantes para el desarrollo de la vida silvestre y humana, que están siendo privatizados. En Nicaragua la venta de la Reserva Natural del cerro de Mokorón al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), -a pesar de que la “intención” del gobierno sea resguardar el patrimonio natural otorgándole a esta institución su control-, implica la privatización del área verde, utilizada para fines lucrativos. En El Salvador el agua es considerada como un producto mercantil que puede venderse a las comunidades, con un elevado costo y mala calidad en el servicio, mientras que la opinión de las comunidades afectadas es soslayada o ignorada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), institución reconocida por el gobierno salvadoreño para el abastecimiento público del agua.

Costa Rica y Panamá por su parte, al contar con una enorme riqueza hídrica han sido el centro de acción de empresas trasnacionales para explotar y sacar el mayor provecho de este recurso, bajo el argumento de que los proyectos beneficiarán a las comunidades con la generación de empleos, que a su vez mejorarán su calidad de vida.

El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED), impulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y que supone cambios socioambientales de gran envergadura para la zona sur del país, es considerado el proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica. Se presenta no solo como una alternativa para mejorar el sistema eléctrico nacional y garantizar el abastecimiento de la demanda eléctrica en el largo plazo, sino como un proyecto a partir del cual será posible emprender procesos de desarrollo socioeconómico que generarán impactos positivos y/o negativos, dependiendo de la óptica e intereses de quienes lo analizan.

La experiencia de Costa Rica, aun no escribe sus últimas páginas y la movilización popular tiene matices muy complejos: apoyar la lucha de los actores que se oponen al proyecto puede significar estar en contra de un supuesto proceso de desarrollo local, si el proyecto se conceptualiza y trabaja como una iniciativa y oportunidad de modelo de desarrollo para la región de influencia. Asimismo la oposición al proyecto puede derivar en un perjuicio para el país en término de fuga de divisas y de contaminación o deterioro ambiental debido a la necesidad de usar más combustibles fósiles ante la demanda energética nacional.

En Panamá, durante la administración del presidente Martín Torrijos (2004-2009), los derechos de propiedad sobre el agua de los principales ríos de Chiriquí empezaron a pasar a manos privadas por 50 años prorrogables, según los contratos de concesión para construir hidroeléctricas.  Esas concesiones otorgadas de forma gratuita, en muchos casos a allegados del gobierno, provocaron la emergencia de una lucha comunitaria frente a los problemas generados por el otorgamiento de concesiones de exploración y explotación de hidroeléctricas en el Río San Pablo/Veraguas.

El levantamiento indígena en la Comarca Ngäbe Buglé, de Panamá, a principios de 2012 contra la explotación minera en su territorio, derivó en el rechazo a la construcción de hidroeléctricas dentro de sus territorios, incorporando una fuerza social significativa a los cuestionamientos que venían hasta entonces realizando grupos ambientalistas. Por primera vez, fue cuestionada seriamente la viabilidad de las “hidros” en términos sociales y ambientales.

Por su parte el modelo económico que se aplica en México se ha basado fundamentalmente en una estrategia extractivista, caracterizada por la implementación de megaproyectos, sobre todo en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, que se encuentran abanderados por empresas trasnacionales, con sede en Canadá, Estados Unidos, China y países europeos; proyectos que tienen en común que se han diseñado e implementado, sin el consentimiento de comunidades y pueblos en su mayoría indígenas y campesinos. En esta región del país predominan los proyectos mineros, eólicos para la generación de energía eléctrica, corredores turísticos y biológicos, presas y represas para el abastecimiento de agua en las ciudades, así como para la generación de energía eléctrica; proyectos de monocultivos para la generación de agrocombustibles y la extracción de petróleo y gas. Los proyectos mineros, presas, extracción de petróleo y gas, se encuentran distribuidos por todo el territorio nacional.

Destaca el caso de la Costa de Oaxaca, cuyo proyecto Hidroeléctrico “Paso de la Reina”, se desarrolla, en una zona considerada Reserva Natural. Las grandes ganancias que representa, dan pie a la expropiación de las tierras, sobre todo las del régimen de propiedad social, como son el ejido y la comunidad agraria. La obra hidráulica o hidroeléctrica ha afectado a territorios indígenas y campesinos, lo que se traduce en el control y apropiación privada de bienes como el agua, la tierra, el aire y la energía. El otro caso de Oaxaca son los Parques Eólicos en el Istmo de Tehuantepec, que ha generado problemas económicos, sociales, ambientales y culturales, a pesar de que la empresa trasnacional responsable lo presenta a las comunidades bajo el compromiso de generar empleos y conservar el medio ambiente, mientras pasa todo lo contrario: aumentó el desempleo y causó un mayor grado de contaminación.

En el caso de Honduras la principal fuente de inversión directa es canadiense y opera minas metálicas en explotación, algunas de las cuales ya tenían concesiones, obtenidas antes de 1999. A partir del año 2007 hay inversiones en minería no metálica, principalmente en la extracción de óxido de hierro, de origen europeo, pero cumpliendo contratos de abastecimiento con empresas chinas.

Desde el año 1999 cuando entró en vigencia la nueva ley en Honduras, emergen los primeros movimientos sociales de las comunidades y de algunos gobiernos municipales, contra las compañías mineras. Particularmente en el occidente del país, motivados por las consecuencias contra la salud y la contaminación ambiental que denuncia la comunidad de San Andrés, departamento de Lempira, así como por la falta de participación en la renta minera por parte de la municipalidad de La Unión, Copán, en la explotación de oro en cielo abierto que realiza la compañía Minosa de capital canadiense y americano.

Todos esos megaproyectos en la región, han generado descontento entre la población, por una parte, al ser excluida en la toma de decisiones, en la aprobación de los proyectos, sin consulta previa e informada; y de otra, ante el uso irracional de sus recursos naturales, aunado a la falta de decisión de las autoridades para frenar-evitar el uso irresponsable de los recursos naturales. Más bien se ubica que los gobiernos se inclinan por dar facilidades-concesiones a las empresas transnacionales para operar sus megaproyectos, a pesar de la afectación y descontento de la población, que tradicionalmente ha sido parte del entorno y responsable de su cuidado.

En consecuencia –en la mayor parte de los países- las comunidades han resuelto organizarse para defender su patrimonio, en varios casos como en Guatemala, Panamá y México, contra la forma de operar los Parques Eólicos. En San Luis Potosí, México y El Salvador, han lograron detener o retrasar los proyectos de las transnacionales; otros han conseguido hacer valer sus derechos y salvaguardar sus recursos naturales, así como su patrimonio cultural. Mientras que la mayor parte de las experiencias, como las de Costa Rica, de Oaxaca en México con la Hidroeléctrica “Paso de la Reina”, y de Nicaragua, siguen en la lucha para frenar o contener ese uso desmedido de los recursos naturales contrario a cualquier perspectiva de sustentabilidad.

A través de los casos estudiados, se identificaron diversas estrategias y formas de resistencia, las que en algunos casos lograron resultados en la defensa de derechos y de los territorios. Un ejemplo es el caso de Honduras, en que se logró el acuerdo de establecer una moratoria en el otorgamiento de nuevas concesiones hasta febrero de 2007 a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad de 13 artículos de la Ley de Minería de 1998. Por su parte en Guatemala, se logró detener la actividad minera en la zona afectada por más de 16 meses, se fortaleció el nivel organizativo y político de las comunidades, hubo un incremento de la participación política y visibilización de las mujeres en la lucha y se logró una ruta de diálogo entre el gobierno y la comunidad, para que al menos escuche sus demandas. En Nicaragua el proceso de gestión comunitaria, permite al movimiento acumular experiencia para el fortalecimiento de su organización comunitaria y territorial, a través de la que han expresado su desacuerdo con el proceso o modelo de desarrollo, que transgrede las formas de vida y el orden social en la comunidad.

Los aprendizajes que se derivan de las experiencias analizadas

-La mayor parte de los casos documentados refieren a un modelo de desarrollo altamente cuestionado, donde se privilegia al capital transnacional, asociado con el nacional y protegido generalmente por los gobiernos nacionales o locales.

-La mayoría de los movimientos tienen en su horizonte un proyecto político contra hegemónico, que se asocia a un nuevo paradigma o modelo alternativo de desarrollo, con diversas concreciones: el buen vivir, la ecología popular, entre otros. En algunos casos se entienden como una lucha nacionalista, por la soberanía, en defensa de los recursos naturales y el territorio. Además de privilegiar la lucha pacífica como estrategia de defensa ante la represión.

-Los movimientos sociales comparten una serie de rasgos: la territorialidad, la búsqueda de autonomía, la revalorización de la cultura y la afirmación de la identidad de sus pueblos y sectores sociales, la formación de sus propios intelectuales, la participación de las mujeres, la preocupación por la organización del trabajo y la revalorización de su relación con la naturaleza. Al final hay en su mayoría una perspectiva de defensa de derechos individuales y colectivos.

-La defensa -desde lo local- para fortalecer los procesos autonómicos, cobran una importancia vital en dichos movimientos, por lo que se privilegia el fortalecimiento de la autonomía y la organización comunitaria, la reivindicación del territorio como espacio integral, el impulso de la producción para el autoconsumo, el cuidado y la protección del territorio, así como la articulación con otros movimientos y redes a nivel local, nacional y regional.

-Se constata la diversidad de actores sociales y sus estrategias de articulación: comunidades indígenas y no indígenas; la participación de mujeres y los/as jóvenes; movimientos sociales en otros territorios que viven situaciones similares; movimientos especializados, como los medioambientalistas; solidaridad de académicos/as, técnicos y ONG que juegan ese rol; acompañamiento, asesoría de otros actores sociales cercanos o afines; solidaridad de otros grupos o movimientos, ONG en el ámbito regional, nacional e internacional.

-El análisis de las estrategias que las mineras han empleado para avanzar en el emprendimiento extractivo, evidencia una lógica de despojo que avanza por medio de métodos profundamente violentos, que van desde la división de las comunidades, el rompimiento del tejido social, la introducción de apoyos, programas de asistencia focalizados y acciones de responsabilidad social empresarial para apaciguar las demandas sociales locales, debilitar y aislar a los segmentos de la población que han manifestado su rechazo, hasta las prácticas de criminalización y abierta represión estatal o para estatal contra los movimientos más activos.

-En general se constata entre los movimientos sociales una multiplicidad de estrategias, que por lo regular se combinan, y que van desde la presión y la resistencia, a la búsqueda del diálogo y la presentación de alternativas: luchas pacíficas o resistencia pacífica; movilización planeada en ocasiones y en otros casos espontánea, dependiendo de cómo llega el proyecto; tensiones y división de las comunidades por las mediaciones o estrategias de resistencia, presión y cabildeo; particularmente entre indígenas y no indígenas; diferencias entre la radicalización de la protesta o continuar en la defensa desde los marcos jurídicos-institucionales; así como medidas de presión múltiples, generalmente más de una, para la difusión-comunicación y visibilidad de la causa: foros, plantones, marchas, campamentos, caminatas, cierre de vías y caminos, etcétera.

-Entre las consecuencias e impactos de los megaproyectos documentados destacan: los desplazamientos de la población, algunos violentos, otros por persuasión o “negociación”; fuertes enfrentamientos entre sociedad y gobierno o entre las comunidades por diferencias en la estrategia o en la decisión final, generalmente influenciada –pagada- por la empresa promotora del proyecto; la pérdida de la fuente de ingreso y/o del trabajo, que en muchos casos es la tierra o territorio; consecuencias e impactos en la salud de la población; el daño irreversible a la flora, fauna, ríos, medio ambiente y la destrucción del tejido social.

-La reacción-respuesta de los gobiernos en general, ha sido –como se plantea en cada uno de los casos analizados- favorable al desarrollo de los megaproyectos y poco sensible o comprometida con los reclamos de los pueblos y comunidades. En un mismo país puede recurrir o aceptar la negociación, abrir mesas de diálogo, igual que descalificar, intimidar, reprimir, criminalizar, llegando en algunos casos al encarcelamiento y asesinato de líderes; desacreditar a los movimientos de resistencia, como opositores al “desarrollo”; no transparentar y ocultar información; evitar u oponerse abiertamente al derecho de consulta libre, previa e informada, o manipular sus resultados, dejando sin efecto o soluciones a las mesas de diálogo; no procurar la aplicación de justicia ante las diversas violaciones de derechos humanos; incluso recurrir a la modificación de marcos legales o jurídicos o crear instancias “formales”, para abrirle camino al proyecto.

-Por su parte las empresas de capital transnacional, ante la resistencia de los grupos y comunidades afectadas por sus megaproyectos, recurren a diversas estrategias o medidas como la cooptación de grupos o líderes; compra de población, generando división en las comunidades, hasta represión; actúan con impunidad y corrupción; evaden impuestos y son omisas en cuanto a la transparencia; usan los medios de comunicación privados para desprestigiar los movimientos.

-Se coincide en la urgencia de un marco legal constitucional de los derechos colectivos y las propiedades comunales. Es necesario evitar que las leyes sigan permitiendo la privatización, el monopolio y la sobreexplotación de los bienes comunes de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

-Igualmente importante es que se reconozcan los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en pactos y acuerdos internacionales, sobre todo el derecho a decidir el modelo de desarrollo propio y el derecho a decidir la aceptación o el rechazo del proyecto.

En la resistencia de los pueblos radica la esperanza, en que se defiende no solo la tierra inerte, sino la vida misma y la concepción de un sentido de lo sagrado y lo profundo. Los territorios, la tierra, la relación simbólica que guardan con ella, sus lugares sagrados e históricos y los mitos de origen, todos constituyen el espacio concreto en el que los pueblos indígenas existen y recrean sus estructuras sociales, políticas, económicas y culturales. Como son procesos históricos, son producto de la confrontación entre la lógica de dominación y la de la resistencia.

1 El capítulo regional CAMEXCA del IDD comprende investigaciones realizadas en siete países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. ALOP cuenta además en la región CAMEXCA con una asociada en Cuba, pero este país no fue incluido en el ejercicio del IDD 2012-2013. Ver capítulo CAMEXCA del Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina 2012-2013, ALOP.

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