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La Unión Europea y la economía verde
Observatorio Social de las Relaciones UE-América Latina, ALOP¹

La Unión Europea (UE), respaldada por el resto de los integrantes del G-20, propone la economía verde como una estrategia capaz de resolver al mismo tiempo las crisis económica, alimentaria, energética y ambiental que padecemos. Con ella se pretende mercantilizar la naturaleza, no sólo a nivel de productos materiales, como sería la madera, sino también al de procesos y capacidad funcional, con el objetivo de desarrollar un mercado de bonos y certificados “verdes”. La capacidad de absorber CO2 de un bosque, por ejemplo, ya no será importante solamente por su función ecológica, sino además por su valor de mercado.

La idea que se intenta transmitir es que el “valor” adquirido por la naturaleza propiciará su protección; sin embargo, resulta obvio para muchos que también fomentará su explotación de acuerdo a intereses económicos y energéticos (precisamente una de las grandes preocupaciones actuales de la UE). Parece que pese a las manifestaciones de la comunidad científica, para la UE no queda clara la necesidad de medidas directas y significativas para paliar el deterioro del medio ambiente², ni la contradicción que implican de por sí los conceptos de desarrollo económico y protección ambiental³⁴. Por no hablar de la influencia que la economía verde podría tener sobre el sector social⁴, particularmente al involucrar al sector privado como fuente de inversión promotora. La diferencia entre desarrollo y disponibilidad de recursos naturales en el eje norte-sur, dirigiría la línea de comercio de una manera desigual y desventajosa para el sur. Por otro lado, los acaparamientos de tierra por grandes corporaciones, el desarrollo de monocultivos con fines energéticos, o la especulación sobre el territorio, podrían incrementar aún más las desigualdades sociales, como se ha venido viendo hasta ahora⁵.

Con este planteo sobre la economía verde nos arriesgamos a la monopolización de la naturaleza, un bien público que debería estar controlado por organizaciones públicas, y no por intereses corporativos. Y todo en nombre del “desarrollo” (¿o debería decirse capitalismo?). La desconfianza que envuelve a la propuesta de la economía verde está servida, y las preguntas que suscita su implantación son preocupantes. ¿Va a quedar “el futuro que queremos” en manos de los intereses de gobiernos y grandes empresas y corporaciones financieras? ¿No radican en estos intereses las causas de la situación actual? ¿Es esta simplemente una solución a la crisis energética y /financiera que se vive a nivel mundial? ¿O impulsará de alguna manera el desarrollo social y la sostenibilidad medioambiental?

La estrategia negociadora de la UE de cara a Río+20

La economía verde ha ocupado gran parte de las negociaciones preparatorias de la próxima Cumbre de la Tierra. Inicialmente, el grupo de los G77+China se opuso a la propuesta verde, desconfiando de que una estrategia basada en los mercados pueda proporcionar una distribución equitable del crecimiento económico. Sin embargo, con un discurso defensivo y falto de alternativas, y dividido bajo la presión del G-20, el G-77 finalmente aceptó la propuesta. El avance de la economía verde parece ya imparable hacia Río+20.

Otro punto de controversia en las negociaciones ha sido la introducción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS son defendidos principalmente por la UE, pero fueron inicialmente planteados en las negociaciones por Colombia (ambas propuestas presentan, sorprendentemente, gran similitud). Aunque los ODS se centran en áreas de prioridad, algunos los consideran una simplificación y una distracción respecto a los ODM. Además, desde el punto de las negociaciones en el que se aceptó la economía verde, diversos países tratan de defender intereses nacionales y discuten para evitar los compromisos asociados a su implantación (caso de EE.UU. y los BRICS).

En relación a los ODS, las áreas principales que se han tratado en las negociaciones y las posturas que defienden los grandes grupos regionales se resume en lo siguiente: i) agricultura sostenible y seguridad alimentaria; por un lado las propuestas de los G-77+China versan sobre acceso a los mercados, volatilidad de precios y empoderamiento de las poblaciones rurales, y critican los modelos de consumo insostenible de países desarrollados, mientras que EEUU, Suiza, Japón y la UE proponen modificar las directrices sobre responsabilidades gubernamentales en la propiedad de tierras, recursos pesqueros y bosques; ii) agua; los G77+China tratan de mantener el derecho al agua y a su saneamiento como un derecho humano y reclaman la ayuda en este sentido a los países desarrollados; la UE coincide en los objetivos sobre acceso a agua potable, pero también plantea la reducción de la contaminación del agua, un uso más eficiente, y un incremento de la utilización de fuentes no convencionales; iii) energía; el debate se centra en los subsidios energéticos, en la definición de las nuevas energías, en la iniciativa Sustainable Energy for All, en la diversificación de fuentes energéticas, y en la dirección que las políticas nacionales debieran seguir; iv) armonía con la naturaleza; propuesta por Bolivia y Colombia (y posteriormente respaldada por los G77), esta sección ha sido el único intento en las negociaciones por declarar los derechos de la naturaleza, sin embargo no fue considerada una prioridad y el texto será discutido dentro del marco de agricultura y seguridad alimentaria; v) océanos y mares; área en la que las discusiones han estado cargadas de polémica, principalmente en torno a una posible convención de las Naciones Unidas sobre legislación marítima, que sería concebida como un instrumento de preservación de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales; vi) igualdad de género; aunque en general se coincide en este tema, falta llegar a un acuerdo sobre las manifestaciones que se incluirán y los aspectos a destacar.

Aún mucho por discutir: ¿”Río+20…+1”

Aún queda mucho por discutir en las dos reuniones informales restantes antes del inicio de la Conferencia el próximo 20 de Junio en Río de Janeiro. Inicialmente sólo se planeaba una más en Brasil, justo antes de la Cumbre, pero se decidió añadir otra previa en Nueva York. Y ante las dificultades para llegar a acuerdos, incluso se plantea la posibilidad de solo acordar principios generales cuya implementación sería discutida a posteriori de Río+20, en un marco negociador más restringido y menos público.

Entre las cuestiones a resolver destaca el marco institucional que acompañará a la economía verde, por ejemplo la aplicación a nivel regional, el control de las instituciones privadas, o las transformaciones que exigirá el proceso de implementación. Está claro que las medidas de protección y regulación que tendrán que acompañar a la economía verde en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y del cuidado ambiental tendrán que alcanzar unos niveles de rigor y eficacia que hasta ahora no tienen precedentes. Además, existe la duda de que los países en desarrollo estén listos para afrontar un cambio como el que se plantea, sin que se agraven los problemas sociales ya existentes.

Otra cuestión será el marco institucional post Río+20 para el desarrollo sostenible. Se discute mantener la Comisión actual bajo el ECOSOC (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas), crear un Foro independiente sobre Desarrollo Sostenible (propuesta defendida por la mayor parte de los G-77), o hacer del PNUMA (Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas) una agencia, lo que le dotaría de mayor poder y recursos a fin de promover la economía verde (teniendo presente que el PNUMA ha sido el principal impulsor de la economía verde dentro de la ONU). Esta última propuesta es principalmente promovida por la UE, pero fue planteada en las negociaciones por Kenia, arrastrando consigo a toda la Unión Africana y dividiendo al G-77 al respecto.

Manifestaciones de la sociedad civil

Manifestaciones de la sociedad civil Desde la presentación del primer borrador (Borrador “0”) para las negociaciones el pasado 10 de Enero, las manifestaciones de preocupación se han sucedido, tanto por el carácter que han tomado las negociaciones, como por las posibles repercusiones que podría tener la implantación de la economía verde. Miembros y organizaciones de la sociedad civil y ONG⁶, así como representantes de la ONU⁷, han alertado de la falta de importancia que se están dando a objetivos de carácter social. Si bien se acepta, en general, que la economía verde podría promover ciertas prácticas ecológicas beneficiosas, se teme la marcha atrás en temas como la justicia social, la igualdad, y otros factores sociales en los que se ha conseguido avanzar en las últimas décadas, entre ellos el control social.

Por su parte, ALOP, desde su oficina en Bruselas, sigue participando, a través de su colaboración en la red Eurostep www.eurostep.org, en la elaboración de documentos de cabildeo hacia la UE, con vistas a las próximas negociaciones. Los puntos principales en los que se insiste son: i) reafirmación de los principios de Río92 necesarios para la implementación del desarrollo sostenible, ii) manifestación del compromiso europeo en el establecimiento de mecanismos legales que aseguren el respeto de los derechos humanos, iii) redefinición de las bases que definen un nuevo modelo económico (sea el caso de la economía verde) para que este sea efectivo dentro del marco de desarrollo sostenible, y iv) consecución en Río 2012 de una agenda de objetivos post-2015 para alcanzar los ODM.

Urge delinear un horizonte que algunos pensadores definen desde América Latina como “post-desarrollista”⁸, basado en una ética que reconoce, por ejemplo, los valores intrínsecos en la Naturaleza, y la búsqueda de alternativas al desarrollo tal como ha venido planteando en las últimas dos décadas. Esperemos al menos que todos los debates abiertos en torno a Río+20 resulten en nuevos argumentos para impulsar acciones que nos permitan lograr el cambio necesario y deseado para la construcción de ese otro futuro posible por el que trabajomos.

1 Texto extraído de “Pesimismo tras las últimas negociaciones de Río+20”, Alerta Informativa, Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea – América Latina, ALOP, Bruselas, Mayo 2012. http://www.alop.org.mx/Content/nalertaeconomia-verde

2 “Climate change and the world economy: short-run determinants of atmospheric CO2”. J.A. Tapia Granados y colaboradores. Environmental Science & Policy, 2012, p. 21-50.

3 “Navigating the Anthropocene: Improving Earth System Governance”. F. Biermann y colaboradores. Science, 2012; 335 (6074), p.1306

4 “El impacto de la mercantilización de la naturaleza en la investigación y la sustentabilidad”. Eduardo Gudynas. En: Memorias del Simposio Internacional “Prioridades de Investigación Científica sobre Recursos Naturales Renovables para el Desarrollo Sostenible”. La Paz, 2003, p. 147-155.

5 “EU Trade Agreements with Central America, Colombia, and Peru: Roadblocks for sustainable development”. ALOP, Oidhaco, Aprodev, Cifca y Grupo Sur. Informe elaborado para la conferencia del Parlamento Europeo celebrada el 22 de Junio de 2011.

6 Véase, como ejemplos: Eurostep www.eurostep.org, CIDSE www.cidse.org, Aprodev www.aprodev.eu, Alliance Sud www.alliancesud.ch, Social Watch www.socialwatch.org, Friends of the Earth www.foeeurope.org y WWF www.wwf.eu

7 Carta abierta del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Navanethem Pillay. Marzo, 2012.

8 “La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa”. Eduardo Gudynas y Alberto Costa. Utopía y Praxis Latinoamericana 16 (53): 71 – 83, 2011.

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