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El VI Encuentro Latinoamericano de Industrias Extractivas 1 En la ciudad de Bogotá (Colombia), los días 23 y 24 de abril se desarrolló el VI Foro Latinoamericano de Industrias Extractivas, organizado por la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), con la participación de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo(ALOP) y la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina. El propósito central fue promover un análisis y debate sobre las industrias extractivas (IE) en la perspectiva de Río+20, concretamente en el espacio de la Cumbre de los Pueblos. Se abordaron tres temas: Industrias extractivas y diversificación económica; nuevas matrices energéticas; y marcos institucionales para la gestión de las industrias extractivas y la sostenibilidad ambiental. Dado que el Foro se realizó en Colombia se contó con un espacio para la presentación y discusión de dos temas centrales sobre IE en el país: la institucionalidad minera y la consulta previa. La metodología de trabajo tuvo la siguiente estructura: una ponencia principal, comentarios por parte de especialistas del tema y una sesión de preguntas y comentarios de los y las participantes, y respuestas tanto del ponente central como de los expertos. Industrias extractivas y diversificación económica Las ideas principales que se abordaron en este panel estuvieron referidas a las estrategias desarrolladas en AL sobre la diversificación económica, en la mira de dar cuenta del impulso que se le ha dado a la estrategia extractivista; los problemas económicos, políticos y sociales y ciertos efectos positivos de los modelos de industrialización por sustitución de importaciones, ajuste neoliberal y la puesta en marcha de la estrategia neo-extractivista, con un alto componente de inversión extranjera directa y con las exportaciones de minerales, petróleo y gas. Se puso de manifiesto que el sector minero está en expansión en AL y, por tanto, la creciente demanda es una variable interviniente importante. De igual forma, el conflicto existente emerge de manera notoria del sector extractivista. Por otro lado, se planteó que el discurso dominante de los gobiernos sobre la agenda de la diversificación económica gira en torno a que, en AL, la biodiversidad y la riqueza de los recursos naturales son un gran capital natural y, por esto, el modelo económico se centra en la explotación de estos recursos como principales proveedores para el desarrollo. Los puntos de discusión con el público estuvieron relacionados con la tendencia a la homogeneización de los gobiernos en AL, argumentándose que es importante reconocer las diferencias en términos de apuestas y de los beneficiarios de la acción estatal. De otro lado, se requiere construir una visión de desarrollo que introduzca el concepto de la transición y de políticas públicas que permitan pasar de un modelo a otro, por ejemplo hacia el neo-extractivismo. En tercer lugar, se propone crear una estrategia regional y canales de acción sobre las políticas públicas que tengan en cuenta a las poblaciones más vulnerables y el abordaje de los nuevos escenarios de tensión social producto de las IE. Nuevas matrices energéticas en América Latina La idea central se enmarcó en indicar que la política energética de la región no se encuentra articulada a un proceso de transición de matriz productiva ni a un debate sobre quién demanda esa energía sino a un enfoque de oferta. Las preguntas pertinentes son para quién producimos energía y cómo la producimos más eficiente y sosteniblemente. Si bien la región tiene autonomía para producir consumo interregional, se denota que entre los países y dentro de ellos hay consumos desiguales. En Brasil, por ejemplo, existe un importante proceso de expansión energética-especialmente la explotación petrolera y la energía hidroeléctrica- orientado a darle sostenibilidad a la expansión productiva y no a las personas y al bienestar. La lógica de la estructura productiva que demanda cierto tipo de producción energética está sustentada en razones meramente lucrativas. En el caso de Chile, dadas sus características “ultra neoliberales”, el modelo energético es diferente al del resto de la región y se centra en la electricidad. El Estado no interviene en los lineamientos y/o planes de expansión del mercado eléctrico, son las generadoras quienes por Ley deciden cómo operar. Al estar orientado a mayor demanda no se ha posibilitado mayor diversificación. También es notorio el aumento de los conflictos ambientales en este sector. En Perú la discusión del cambio de matriz energética gira en torno a la demanda. Se ha producido un incremento en la extracción local del petróleo lo que disminuirá su importación. Este fenómeno coloca el eje de la discusión en los efectos asociados con el aumento de la producción. Los planteamientos finales se enfocaron, de una parte, a examinar la relación entre la producción de hidrocarburos y minería como fuentes de energía, en la perspectiva de dejar de abordarlos de manera independiente. De otra parte, se llama la atención sobre la necesaria definición de una estrategia latinoamericana de integración en referencia a si continuamos o no con la dependencia de combustibles fósiles. La realidad nos pone de presente que los intereses del Estado están ligados a los intereses de las empresas y de los mercados en detrimento de los derechos ambientales y colectivos. Por tanto, debemos resolver para qué la integración, cómo se negocia, si hay procesos de consulta y cómo se involucran las autoridades y la comunidad en las zonas de impacto de las explotaciones. Marcos institucionales para la gestión de IE y la sostenibilidad ambiental Tanto en las presentaciones como en los debates se partió de la premisa de reconocer la importancia de este tema para la región aunque el diagnóstico es poco alentador: debilidad de los gobiernos frente al poder de las IE; escasa incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones; y ausencia de instrumentos de participación locales y regionales. Se argumenta que en AL no existe una relación adecuada entre los marcos institucionales, los sistemas de toma de decisiones y las realidades locales. Incluso se advierte un desarrollo institucional muy desigual entre los países. En conclusión, es necesario fortalecer las autoridades ambientales; establecer estándares ambientales; promover una nueva institucionalidad para el sector extractivo; fortalecer gobiernos subnacionales; impulsar mecanismos de consulta y aumentar las capacidades de planeación, descentralizadas y participativas. En el caso colombiano, se analizó la institucionalidad minera en términos de las políticas, las autoridades, la producción y fomento de información pública sobre minería; la seguridad minera; el abordaje de los temas sociales en el marco de la minería; cómo han sido los procesos de acompañamiento a las dinámicas de consulta previa y ordenamiento territorial relacionados con la actividad extractiva en una línea de tiempo. En este escenario, uno de los comentaristas resaltó que es dable examinar no sólo desde la evolución de las entidades que están alrededor de las autoridades mineras sino también desde ellas mismas ya que la institucionalidad ha cambiado mucho en Colombia. De otro lado, también se indica que se producen hechos que no se pueden explicar solamente desde la institucionalidad, las normas o la política pública. Son temas que fluyen entre la política y la institucionalidad La consulta previa En ese marco institucional, la consulta previa tuvo un lugar protagónico debido a la existencia de normatividad en varios países y a que cada vez más se acentúa la necesidad de hacer uso de ella dada la magnitud de los proyectos de IE que se están desplegando en varios países de AL. En Colombia, por ejemplo, la Constitución de 1991 reconoce y valora a los pueblos indígenas como sujetos de derechos. Estos tienen derecho al territorio, a su autonomía, a su identidad cultural y a participar en el marco de los usos y costumbres tradicionales. Por tanto, la consulta previa está fundamentada en la confluencia de principios constitucionales, como la democracia participativa, la soberanía popular y la diversidad étnica y cultural de la nación. No obstante, se adujo que a pesar de la normatividad existente se denotan diferentes interpretaciones y aplicaciones de la norma tanto por parte del Estado como de las comunidades dada su interpretación extrema. En ese sentido, la consulta ha sido más que fuente de resolución de conflictos origen de grandes conflictos. En el caso de Ecuador, el debate está enfocado a resolver el interrogante de ¿qué busca la consulta: consentimiento o consulta? De otra parte, se plantea que en el marco del modelo de desarrollo existen dudas sobre las posibilidades de la consulta previa dado que el tema no se restringe estrictamente a la normatividad sino que tiene directa relación con la justicia social. Quedan todavía muchos interrogantes e insatisfacciones sobre la consulta previa. Inquietudes relacionadas con la posibilidad de su uso por parte de otras comunidades no étnicas; la importancia de visibilizar los casos exitosos; el derecho a la información y su difusión; el ejercicio de control social; cuáles son las diferencias entre consentimiento libre e informado y consulta previa; y la participación de las ONG en estos procesos y el rol del conflicto social como motor de cambio institucional. Terminados los paneles, el Secretario Técnico de la RLIE agradeció a los presentes su participación en el VI Foro y presentó la estrategia de la RLIE hacia Río+20, reiterando el interés de la Red de seguir trabajando con aliados como ALOP y la MESA de Articulación.
1 Este artículo toma como base las memorias del VI Foro de la RLIE elaboradas por Foro Nacional por Colombia.
Esperanza González R. - Foro Nacional por Colombia
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