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Posicionamiento de las Organizaciones de la Sociedad civil Mexicana ante el G-20
Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas,ante el G-20

POSICIONAMIENTO

La reflexión que hemos realizado las organizaciones que hacemos parte del Movimiento Nacional (sindicales, campesinas y civiles) en torno a los alcances y límites del G-20, obliga a repensar las instituciones internacionales, ya que la crisis del 2008 puso en duda y reveló la extrema complejidad del mundo dominado por las finanzas. Las diversas cumbres de los jefes de Estado o reuniones de ministros, terminan con las mismas estrategias que han mostrado su ineficacia. La globalización nos está conduciendo –peligrosamente- a un pensamiento único, con un alto grado de dogmatismos. Por tanto los 30 años de medidas fallidas nos indican la inevitable y urgente revisión y rediseño de las instituciones internacionales.

El comportamiento reciente de los mercados financieros y su papel como detonante de la crisis del 2008 y de las crisis en diversos países de la UE han puesto en entredicho el modelo de globalizacion actual y el paradigma de la desregulación. No hay duda de que se requiere de una regulación más estricta y de una supervisión eficaz, para evitar nuevos abusos. No es suficiente la estabilidad financiera y bancaria, es indispensable fijar nuevos rumbos de la economía productiva y ponerla al servicio del empleo decente, de la inclusión, de la cohesión y del desarrollo social, y fundar una nueva gobernabilidad mundial. De hecho en el fondo hay que repensar el desarrollo como un derecho y abandonar el modelo vigente ya que a 30 años de su aplicación ha mostrado su ineficacia para el ejercicio de derechos, el bienestar y el cierre de la brecha social.

Es necesario que tal enfoque esté presente en el ámbito mismo de la formulación y aplicación de las medidas que han de impedir que se generalice la crisis y asegurar particularmente el fortalecimiento de las economías de los países emergentes para convertirlas en un dique que contenga el riesgo de una recesión generalizada y a la vez sea la base para construir el perfil de las nuevas formas de crecimiento, de estabilidad y sustentabilidad.

Pero si el G-20 no pudo impedir la crisis ni su expansión en Europa, ¿podrá impedir que los países emergentes sean arrastrados por ella? De seguir funcionando como lo ha venido haciendo parece improbable, lo que supone realizar modificaciones en la forma y el método para la elaboración de las prioridades así como en la dinámica que asume para el cumplimiento de los acuerdos a los que llega.

De esta manera tanto el cuestionamiento de la falta de legitimidad, como el de insuficiente eficacia se superan si los 20 no sólo se representan a sí mismos y si el diálogo y la agenda social se orientan a resolver el reto de lograr que se produzcan suficientes empleos de calidad que empujen al crecimiento y al desarrollo post-crisis.

Estos temas deberían ser el eje de las deliberaciones del G-20, organismo que sin duda debe abandonar los lineamientos monetaristas vigentes desde hace mas de teinta años dentro de los cuales la imposición de severos programas de estabilización y de ajuste estructural de consecuencias regresivas para los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales de sociedades completas aparecen siempre como la única solución para resolver las crisis como las que hoy afectan a la Eurozona y otros países.

La realidad sin embargo, es que la aplicación de este tipo de políticas nos ha llevado justamente al atolladero en que nos encontramos. El modelo de desarrollo y globalización actual, además de injusto está provocando numerosos conflictos y una inestabilidad creciente que empuja a un endurecimiento de los gobiernos y a reacciones peligrosamente represivas ante los movimientos de resistencia, con la consecuente pérdida de las garantías democráticas y la ruptura de la cohesión social.

Parte importante del conflicto es que la globalización económica desplazó a la política por lo que hay una imperiosa necesidad de contar con instituciones internacionales fuertes capaces de conducir los problemas generados por la globalización y que cada pais asuma la responsabilidad de impulsar políticas públicas para reactivar el mercado interno, el desarrollo y la equidad.

Son urgentes por lo mismo las reformas de fondo del sistema global, la situación demanda más democracia, más multilateralismo, más ética, más valores, más eficacia. Hay que crear las condiciones para que se dé mayor equilibrio entre mercados abiertos, gobernanza fuerte; protección social y justicia distributiva en el ámbito global.

La gobernanza debe orientarse a garantizar los derechos y bienestar de los pueblos y no simplemente a estabilizar el sistema actual y las ganancias de los grupos más poderosos. Esta gobernanza no debe cancelar la libre autodeterminación de los pueblos, ni criminalizar a la oposición y a la protesta social.

Regular la especulación financiera que genera la volatilidad de los precios de las materias primas es uno de los temas del G-20 al que nos interesa darle seguimiento. El llamado “G -20 agrícola” va por la mitigación de la volatilidad y el reforzamiento de la seguridad alimentaria, mientras las organizaciones campesinas y las defensoras del derecho a la alimentación partimos del enfoque de la soberanía alimentaria y el cuestionamiento al modelo agroindustrial trasnacional.

Coincidimos con la afirmación del Comité Internacional frente al G-20 de: i) “Encarar las crisis actuales con medidas que generen empleos productivos, con respeto a los derechos humanos laborales, incluida la libertad y autonomía sindical, bajo estándares de la Organización Internacional del Trabajo y mejoras salariales; que articulen y consoliden los mercados internos y regionales; que conduzcan a un desarrollo socio-económico justo, digno y sustentable con la activa participación de las y los trabajadores y de los pueblos… ii) Enfrentar la crisis alimentaria y climática con un nuevo modelo agrícola orientado a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, libre de transgénicos, que privilegia la producción campesina y, en los lugares que aún es posible, orgánica”.

Los países de G-20 tampoco han tomado medidas ante el grave problema de los paraísos fiscales a pesar de que absorben recursos mundiales, en particular de los países en desarrollo, los que hacen uso de la fuga ilícita de capitales, estimada en 800 mil millones de euros al año.

El fraude fiscal, que los paraísos hacen posible, afecta las políticas sociales, producto de la evasión de impuestos de la cual, se supone, salen parte de los fondos para ese tipo de medidas. Desde este punto, se puede comprender cómo la evasión de impuestos que alientan el lavado de dinero y los paraísos fiscales, afecta directamente a un sector tan sensible e importante de la sociedad como la clase media, tanto por su influencia política como por su estatus de paradigma de vida político-cultural y económico al interior de las sociedades, aunque esta situación no es del todo homogénea.

Es importante plantear, en el ámbito multilateral, los principales problemas que generan desestabilización y violencia en México y en otros países, relacionados o provocados por el crimen organizado, el tráfico de drogas y de armas y el lavado de dinero. Resolver de fondo esta problemática es responsabilidad de la comunidad internacional que no puede abstraerse de crear nuevas reglas y acciones globales que protejan a los países que están siendo devastados por la expansión de la criminalidad organizada multinacional que amenaza democracias y pone en duda a las instituciones.

Ante la Cumbre de Cannes (2010) diversas OSC demandamos transparencia y efectiva regulación del sistema financiero internacional; fortalecimiento de la capacidad soberana de los países de utilizar controles para los flujos de capitales financieros; combate a los paraísos fiscales y control de la especulación; fomento de políticas fiscales de distribución de la riqueza; tasación a los movimientos financieros; entre otras medidas de control del mercado desgobernado que creó la actual crisis global.

Analistas y líderes políticos coinciden en que éste será un año aciago, peor que el 2011. El propio expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, tras concluir su coordinación tanto del G-8 como del G-20, ofreció un mensaje donde reconoce que la crisis actual es el resultado de 30 años de desórdenes globales en la economía, el comercio, las finanzas y la moneda; esta crisis inaudita es sin duda la más severa desde la segunda guerra mundial. Ante las posibles salidas comentó que: “No se trata de poner en marcha un nuevo paquete de reducción del gasto (…) lo que hace falta es otorgar prioridad al crecimiento, a la competitividad, a la reindustrialización, que son los factores que permitirán crear puestos de trabajo y ampliar el poder de compra.” Además llamó al sector financiero para que participe en la reparación de los daños que provocó. En consecuencia plantea una ruta para salir de la crisis que implica abandonar medidas que han probado su ineficacia, decisión que difícilmente se asumirá en la cumbre de México.

Por tanto queremos insistir en que el G-20 no puede soslayar el cuestionamiento y debate del actual modelo económico que ha mostrado con creces ser el origen y causa estructural de una crisis global y sistémica.

Un enfoque más realista sobre política macroeconómica y flujos financieros internacionales, beneficiaría tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados y se incrementaría la estabilidad. Es hora de alcanzar un nuevo consenso que favorezca las políticas programáticas, cuyo objetivo sea canalizar los flujos financieros para el beneficio de las personas, especialmente de las que viven en los países en desarrollo.

Como lo afirman en el informe Bretton Woods Project “Los responsables políticos y las instituciones internacionales relevantes deben crear un sistema de intercambio y análisis de información internacional para ayudar a controlar las medidas en vigor y las que vayan adoptando en el futuro para regular los flujos financieros. Los países ricos y en desarrollo tienen que coordinarse para eliminar los obstáculos políticos derivados de los tratados de inversión y acuerdos de libre comercio.”

Hoy es claro que aunque los obstáculos son importantes todavía podemos conseguir un sistema financiero que contribuya al desarrollo. Las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales son grupos clave para logar un cambio político, pero sus actividades deberían complementarse con ideas nuevas provenientes de actores financieros y políticos responsables.

Si bien hay valoraciones diversas sobre el futuro del G-20 como un espacio eficaz alternativo, para encarar la crisis global y estructural de la mayor parte de los países que lo integran, se vislumbran algunas opciones que el G-20 puede convertir en oportunidades de fortalecimiento.

Por ejemplo, que la Cumbre del G-20 tome en cuenta a la población y aquellos sectores sociales comprometidos con su entorno y que vienen mostrando que tienen que decir, que cuentan con propuestas y que apuestan al diálogo social y al cabildeo para tener opciones efectivas de incidencia en las decisiones estratégicas.

El Diálogo Social y Acción Directiva Global, son dos los aspectos centrales para arribar al objetivo de convertir al G-20 en un instrumento capaz de conducir exitosamente la salida a la crisis. De un lado, es posible impulsar la agenda social y con ello la agenda del desarrollo e institucionalizar el Diálogo Social; de otro, sería posible vincular al G-20 con instancias multilaterales tales como la ONU, la OMC, la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre las más importantes, para que impulse acuerdos y su cumplimiento -más allá de su esfera directa- y convertirlo en un Comité de Dirección Mundial, aprovechando su flexibilidad y capacidad de respuesta rápida. El Diálogo Social es una característica novedosa en espacios de información y eventual deliberación, que viene abriendo por ejemplo el G-20, donde de manera propositiva han venido participando distintos grupos de la Sociedad Civil, L-20, B-20, SC-20 y ahora en México el T-20, Y-20; sin embargo, la falta de formalidad y continuidad ha significado que los gobiernos le den poca importancia a los planteamientos y no se consideren obligados a responder o comprometerse, lo que no ayuda a la legitimidad del G-20. Hay pérdida de propuestas, ausencia de consensos y falta de respaldo. Por ello convine pensar el diálogo social como clave para la eficacia del G-20; que se institucionalice este diálogo y sirva para encontrar mejores alternativas para una salida sólida a la crisis.

De lo que se trata es que se estructure y formalice el proceso de inclusión y la ampliación de la Agenda Social, abriendo la participación y los consensos a grupos sociales tanto de países miembros y no del G-20. Parte importante de este proceso de institucionalización es definir un mecanismo para que las propuestas de los agentes sociales se incluyan en la Agenda Oficial de las y los mandatarios del G-20. A la par convendría ampliar la influencia del G-20 a organismos multilaterales que tienen agendas propias, pero que provienen de acuerdos en los que han participado el resto de países del mundo, lo que también generaría legitimidad y contribuiría a que sus acciones sean más eficaces dado que dichas instancias cuentan con mecanismos institucionales para cumplir y hacer cumplir sus acuerdos, máxime si se cuenta con la voluntad de los países más importantes para que esto suceda.

Esos organismos requieren también de cambios que no se han efectuado, entre otras cosas porque no parecían importantes, hoy las cosas son diferentes y cobran vigencia para que cumplan de mejor manera sus responsabilidades frente a los nuevos retos y en ello el G-20 podría contribuir de manera importante en un proceso de retroalimentación y de sinergia, que multiplique las capacidades de todos para construir las salidas a la crisis y así contribuir al establecimiento de una nueva Gobernanza Global basada en un multilateralismo activo e incluyente que pueda establecer una nueva estabilidad derivada de un Pacto Global. Las bases de este Pacto Global están presentes en los acuerdos a los que se llegaron en la Cumbres Mundiales de ONU, como la de Beijín, la de Johannesburgo, la del Milenio, la de Monterrey, la de Túnez, la del Pacto Mundial, la de la Ética Mundial, todas ellas de gran trascendencia y que gozaron los consensos de la mayoría de los países del orbe. Se puede afirmar que los valores y derechos de ahí surgidos son los fundamentos de convivencia de las sociedades del siglo XXI, son avances sustantivos de la humanidad que no pueden quedar borrados por la crisis económica, por el contrario han de ser la columna vertebral de una nueva era de paz, justicia, democracia e inclusión.

Reiteramos que el Diálogo Social es indispensable para construir bases sociales de sustento de la nueva estabilidad económica, política y social en el mundo. El G-20 ha demostrado que la participación de los empresarios, de las organizaciones sindicales y otras expresiones de la Sociedad Civil, y ahora en México de los jóvenes y centros de pensamiento, le imprimen a sus acuerdos y acciones una gran fuerza y credibilidad que, no obstante, tiene que profundizarse e institucionalizarse para que sea más eficaz, continua y permanente. Particularmente necesario resulta el que se establezca un mecanismo transparente para hacer llegar al pleno del G-20 las propuestas de los agentes no gubernamentales que participan en las deliberaciones y que pasen a formar parte de la agenda oficial.

Ciudad de México, 30 de mayo, 2012

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